La crisis por la remoción se avivó en cinco momentos

La madrugada del 3 de junio pasado, cuando el Concejo Metropolitano decidió la remoción de Jorge Yunda, nadie imaginó el laberinto jurídico que se desencadenaría.

Este comenzó con la acción de protección concedida por la jueza María Belén Domínguez que fue a favor de Yunda, para mantenerse en el cargo.

Han transcurrido tres meses desde la decisión del Concejo. Actualmente, la resolución depende, sobre todo, de la decisión que emita la Corte Constitucional (CC) respecto a la acción extraordinaria de protección solicitada por el concejal Santiago Guarderas.

Para el constitucionalista André Benavides, la decisión de Domínguez no era procedente. En ese momento, la causa estaba en manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que, a su criterio, era la vía idónea para tratar el tema.

A partir de la decisión de Domínguez, Yunda cumplió su oferta de agotar todas las instancias disponibles para evitar su remoción. Sin embrago, el cumplir esa promesa también significó momentos controversiales que incluso cuestionaron al sistema de justicia.

La rapidez para entregar medidas cautelares, irregularidades en los sorteos de las causas, los 11 días de Guarderas en la Alcaldía, la sentencia de la Corte de Pichincha y el retorno de Yunda al despacho de la Alcaldía son los cinco momentos que han marcado este proceso desde entonces.

El caso Yunda se ventila en tres frentes: la justicia electoral con el TCE, la constitucional con la CC (cuya audiencia será hoy) y en la ordinaria por el caso de las pruebas de covid-19. Mientras tanto, no solo se ha visto afectada la ciudad sino autoridades y concejales.

Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UIDE, señaló que un proceso de remoción tiene una finalidad de fiscalización inmediata.

Para él, la dilatación con mecanismos legales forzados ha provocado dos fenómenos.

El primero es una falta de continuidad en la administración. “Esto hace que procesos de gobernanza y ejecución de obras se queden de lado y lo mismo pasa con la atención a necesidades de la ciudadanía”.

El segundo es que no hay una determinación de quién es la autoridad. Eso genera un sentimiento de abandono ciudadano, lo cual afecta a la confianza en la institucionalidad.

Medidas cautelares otorgadas en horas

El cambio de autoridad. A puertas de que Santiago Guarderas asumiera el cargo, Jorge Yunda evitó la transición con unas medidas cautelares concedidas por el juez Carlos Soto. El recurso fue solicitado la mañana del 7 de julio pasado.

El mismo día, pero en la tarde, Yunda obtuvo las medidas cautelares. En la decisión se estableció que el Concejo Metropolitano no podría posesionar a Guarderas, mientras no exista un pronunciamiento de la Corte Provincial de Pichincha sobre si se ratificaba o no la acción de protección que concedió María Belén Domínguez.

La oposición. Guarderas, acompañado de 11 de los ediles que votaron por la remoción, solicitó la revocatoria de dichas medidas. A partir de esta decisión, las críticas al sistema de sorteos de la Función Judicial se incrementaron.

La revocatoria. El 19 de julio, la juez Grimanesa Erazo dejó sin efecto las medidas cautelares. Argumentó que estas caben cuando se pretende evitar la vulneración de un derecho. Así, Guarderas asumió el cargo el mismo día.

Irregularidades en los sorteos

Las dos sentencias. Las decisiones de los jueces Domínguez y Soto llamaron la atención de concejales y expertos. Se cuestionó, por ejemplo, el que ambas ingresaron con asuntos distintos al recurso que se solicitaba. En el caso de la acción de protección, la causa ingresó como un tema de violencia de género; mientras que las medidas cautelares tenían como asunto relacionado con el pago de honorarios.

Direccionamiento. El que las causas se hayan presentado con un asunto distinto, según el Consejo de la Judicatura, redujo el universo de jueces sobre los cuales recayeron las solicitudes de la defensa de Yunda. Por eso se habló de un posible direccionamiento de los pedidos a favor del Alcalde de Quito.

La Judicatura. La presidenta del Consejo de la entidad, María del Carmen Maldonado, denunció las presuntas irregularidades en el proceso. El Pleno de ese organismo decidió presentar una denuncia a la Fiscalía, por un presunto delito de interceptación ilegal de datos y/u otros presuntos delitos.

Los 11 días de Guarderas como alcalde

El 19 de julio. Inmediatamente después de la revocatoria de las medidas cautelares, Guarderas convocó a los concejales de oposición a la sala del Concejo Metropolitano. Esa noche firmó la subrogación de funciones. Como estrategia política, Guarderas decidió no esperar la decisión de la Corte Provincial que debía ratificar o dejar sin efecto la acción de protección concedida en primera instancia.

Su plan. Cuando asumió, Guarderas tenía 21 meses para ejecutar los cambios que se proponía. Entre ellos estaban colaborar con el proceso de vacunación para pensar en la reactivación de la capital, definir la operación del Metro e implementar procesos transparentes al interior del Cabildo. En su primera semana pidió una auditoría a la Contraloría.

En la actualidad. Guarderas ya no aparece como vicealcalde. En su lugar, al menos en las sesiones del Concejo Metropolitano, está Brith Vaca, quien fue designada en la primera reunión presidida por él. Hoy, Guarderas se juega su última carta en la CC.

Corte provincial echó abajo la remoción

Fallo de la discordia. La remoción de Yunda se quedó sin piso cuando el 30 de julio, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha decidió ratificar la acción de protección concedida por Domínguez a favor del Alcalde pero, además, dejó sin efecto el proceso de remoción. En su fallo, la Corte acogió el criterio de que Yunda no tuvo un juez imparcial. Esto en referencia a que Guarderas actuó en la Comisión de Mesa, votó por el informe que determinó incumplimientos y también votó por la remoción en el Pleno. La Corte consideró que se benefició directamente de la remoción.

Reacción. La oposición cuestionó el que la Corte decidiera dejar sin efecto la remoción. Ese era un elemento que no se había topado en la acción de protección. Guarderas acudió al Consejo de la Judicatura para ingresar una nueva queja.

El regreso. Ese 30 de julio, Yunda volvió a su despacho. Eso ocurrió después de que Guarderas saliera de allí en horas de la mañana. Desde entonces ejerce Yunda.

Nuevo cambio en el despacho municipal

Retorno. Durante el período de Guarderas se designaron a 21 funcionarios en las principales secretarías y empresas municipales. Sin embargo, con el retorno de Yunda, sus personas cercanas regresaron al Municipio. Por ejemplo, Gabriela Obando y Estefanía Grunauer, quienes salieron de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) después de acciones polémicas, regresaron al Cabildo. La primera como Procuradora Metropolitana y la segunda como Supervisora de la AMC. También, retomaron sus puestos Guillermo Abad, secretario de Movilidad, y César Díaz, de Seguridad.

Vicealcaldía. Pese a que Vaca fue designada por el Concejo cuando Guarderas era alcalde, Yunda la reconoció como la segunda al mando. La elección de Vaca fue producto de una negociación al interior del bloque de oposición. En ella vieron la posibilidad de no fragmentarse.

Bajas en la oposición. Las últimas semanas, la edil Paulina Izurieta se ha mostrado crítica a la remoción. Hay división al interior del Concejo.

Lea también

Artículos relacionados