El combate al crimen no se reduce al estado de excepción

El estado de excepción que dispuso el presidente Guillermo Lasso por el aumento de los índices delictivos terminará en seis días. La medida fue condicionada a través del dictamen de la Corte Constitucional (CC), en el que se establecieron lineamientos que el Gobierno deberá tomar en cuenta a lo largo de su gestión.

En la sentencia, elaborada por el juez ponente Enrique Herrería, se exponen varias consideraciones que envían un mensaje claro al Ejecutivo: el fenómeno delincuencial debe ser abordado dentro del sistema jurídico ordinario.

“El aumento de la actividad delictiva requiere la adopción de todas las medidas ordinarias que estén a disposición de las autoridades del Estado y no puede limitarse únicamente al régimen excepcional que caracteriza a un estado de excepción”, reza el texto.

El constitucionalista André Benavides califica como “llamados de atención” a las consideraciones que hizo la Corte por los “errores del Ejecutivo al redactar el Decreto”.

Pese a ello, cree que los magistrados dieron al Gobierno la oportunidad de rectificar, pues en el dictamen se establece que una eventual prórroga “deberá contar con la fundamentación suficiente para que proceda”.

Casa adentro, el secretario de Comunicación del Gobierno, Eduardo Bonilla, señaló que en el Gobierno “no hay previsión” de disponer una renovación del estado de excepción, una vez cumplidos los 30 días. La intención de Lasso era que la medida dure 60 días, pero la CC la limitó a la mitad.

Sin embargo, ante la consulta de si se renovará o no esta etapa excepcional, el Ministerio de Gobierno respondió a este Diario que el Régimen “se encuentra evaluando las acciones que se realizarán luego del 19 de noviembre, día que finaliza el estado de excepción”.

Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, un estado de excepción debe responder a circunstancias extraordinarias e imprevisibles.

En las consideraciones del dictamen, la CC hizo hincapié en que de “incrementarse los índices delincuenciales de manera posterior a la vigencia de la declaratoria, tal hecho no podrá ser entendido como una cuestión excepcional”. Piden que se trate la problemática de manera estructural para resolverla a través de los mecanismos del régimen ordinario.

Si bien Guerrero aclara que la CC no pueda cerrar la posibilidad de que el Presidente renueve el estado de excepción, resalta que los magistrados adelantaron que esta medida debe tener una fundamentación apropiada. “Caso contrario la Corte, en un eventual control constitucional posterior, no daría un dictamen favorable”.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, apunta al narcotráfico como uno de los elementos que han incidido en el aumento de la inseguridad en el país en los últimos 14 años. “Tenemos que ser conscientes que esta es una gran batalla”.

Según la Cartera de Gobierno, entre el 19 de octubre y el 7 de noviembre, como parte del estado de excepción, se aprehendieron 10,3 toneladas de estupefacientes. De esa cifra, 9,6 estaban destinadas para el tráfico internacional y el resto a tráfico para consumo interno.

Manabí es la provincia donde más droga se decomisó en los primeros 19 días del estado de excepción. En total, la Policía Nacional se incautó de 3,7 toneladas de alcaloide. Una de las medidas que implementó el Gobierno para hacer frente al narcotráfico en esa provincia fue la instalación de un radar en el cerro de Montecristi. Sin embargo, una explosión registrada el domingo dejó inhabilitado temporalmente el radar, que inició operaciones el 27 de octubre pasado.

Entre las zubsonas de Guayaquil y Guayas suman 3,2 toneladas de alcaloide aprehendido. Además, se evidencia que en las fronteras norte (Carchi) y sur (Loja) en los operativos se sobrepasó la tonelada de droga aprehendida.

El Gobierno ofreció presentar un balance integral del estado de excepción, después del 19 de noviembre. Ayer, el presidente, desde Guayaquil, reiteró que está en busca de apoyo de Estados Unidos, Colombia, España, entre “otros amigos”, para hacer frente al narcotráfico.

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