Países Bajos niega la entrada a Delcy Rodríguez por estar sancionada por la UE

Enrique SerbetoSEGUIRBruselas
Actualizado:14/12/2021 19:38h
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Las autoridades neerlandesas han negado la entrada en el país a la ‘número dos’ de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, porque pesan sobre ella sanciones impuestas por la Unión Europea que incluyen la prohibición de entrar en el territorio.

Rodríguez quería entrevistarse con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que lleva a cabo una investigación preliminar para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Internacional se encuentra en La Haya.

Fue
Delcy Rodríguez quien denunció públicamente que el Gobierno holandés no le autorizó a entrar junto con una delegación oficial, a pesar de que tenían una cita con el fiscal Khan y que por ello Venezuela presentó su

 enérgica protesta rechazando la violación de los acuerdos que existen entre la CPI y Holanda para este tipo de actuaciones.

Según la versión de Rodríguez, el Gobierno neerlandés ha alegado haber cumplido la normativa internacional por supuestas cuestiones de seguridad de la aeronave. «Nuestra delegación sería trasladada por una aeronave de Conviasa, en un vuelo oficial, no comercial, a los Países Bajos. Características de vuelo diplomático. Este avión se mueve por el mundo. Ellos, aducen, engañosamente, que esta aeronave no cuenta con el permiso TCO, operadores de terceros países», ha explicado la dirigente chavista.

Un trato especial en Barajas

Rodríguez recibió un trato especial en el aeropuerto de Madrid
Barajas en enero de 2020 cuando hacía una escala en dirección a Turquía, a pesar de que ya estaba sometida a las sanciones europeas. La investigación fue archivada por la Justicia.

La fiscalía de la de la Corte Penal Internacional decidió abrir una investigación sobre la situación en Venezuela el pasado 3 de noviembre y el hecho fue anunciado en Caracas en presencia del propio dictador, Nicolás Maduro, que firmó un memorándum de entendimiento para facilitar el trabajo.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional indicó que su labor «intenta abordar la impunidad e investigar de forma independiente» si se cometieron crímenes contra la humanidad en Venezuela desde abril de 2017, uno de los cuatro tipos de delitos contemplados en el Estatuto de Roma.

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